Este comunicado fue publicado en varios diarios españoles el día 3 de febrero:

“La Sección Territorial de Madrid de Jueces para la Democracia quiere poner de manifiesto los gravísimos problemas que se están produciendo en la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid, en lo relativo a la designación de los traductores e intérpretes que intervienen en las actuaciones judiciales. Por este motivo REIVINDICAMOS que, en el nombramiento de traductores e intérpretes judiciales solicitados por jueces y magistrados, se tenga en cuenta que aquellos han de tener la formación y acreditación necesarias como intérpretes jurados y en su defecto, titulación superior en esta materia. Se quiere resaltar que las adjudicaciones a través de licitación pública, para la prestación de este servicio, hasta el momento se han revelado muy deficientes, al suponer en la práctica que la Administración Autonómica cede a terceros una serie de garantías individuales, procesales y constitucionales susceptibles de ser vulneradas por ausencia de ulterior control administrativo sobre dichas empresas, las cuales tienen una finalidad primordialmente lucrativa. Esta situación está provocando situaciones de indefensión a los ciudadanos extranjeros y nacionales que precisen de un intérprete o traductor, indefensión que debe ser evitada a toda costa por jueces y magistrados.”